La indemnización por despido improcedente: Una nueva interpretación del TS
En Marzo del pasado año 2015 dedicábamos un Comentario a una Sentencia, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 29 de Septiembre de 2014, que se pronunciaba, de una forma distinta, sobre una cuestión que parecía “pacífica”. Nos referimos a la indemnización por despido improcedente y a la forma de calcularla tras la reforma laboral de 2012.
Hoy, transcurrido un año, volvemos a dedicar un Comentario a dos nuevos fallos del Tribunal Supremo, dictados en unificación de doctrina, y que, para aderezar la cuestión, vienen a pronunciarse sobre la misma cuestión pero en sentido contrario y, por tanto, dejando sin efecto la mencionada Sentencia de 2014.
Para analizar la cuestión es necesario recapitular. Hasta Septiembre de 2014, cumplidos ya tres años de la aprobación de la Reforma Laboral, en Febrero de 2012, la interpretación de la Disposición Transitoria Quinta, apartado 2, del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, parecía ser una cuestión no excesivamente problemática, a diferencia de otros aspectos de la reforma laboral, como por ejemplo, el periodo de prueba del contrato de emprendedores o el despido objetivo aun por faltas justificadas, que sí suscitaron polémica y oposición.
La citada norma señala:
“Disposición transitoria quinta. Indemnizaciones por despido improcedente.
2. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.”
Desde su aprobación, y a la vista de la norma, se venía entendiendo que para los trabajadores que antes de la entrada en vigor de la reforma habían generado el derecho a una indemnización superior a 720 días de salario, dicha indemnización por despido improcedente quedaba vinculada por ese límite, pues la norma señalaba que “en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo”; y sin que el periodo de tiempo que el trabajador siguiera trabajando con posterioridad a la reforma le generase derecho indemnizatorio alguno.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, en la Sentencia citada, de la Sala de lo Social, de 29 de Septiembre de 2014, y de la que fue Ponente la Excma. Magistrada Dª Milagros Calvo Ibarlucea, discrepaba, de forma implícita, de dicho criterio, al modificar el cálculo de la indemnización por despido improcedente de dos trabajadoras, despedidas tras entrar en vigor la reforma laboral y que, antes de dicha entrada en vigor, ya habían generado un importe indemnizatorio superior a 720 días.
En el caso concreto, el Alto Tribunal se cuestionaba, por tanto, la forma de aplicar esos límites; y señalaba que, en contra de lo que hasta ahora se venía pensando, el hecho de alcanzar o superar los 720 días de indemnización antes de la entrada en vigor de la reforma, no implica que la indemnización por despido improcedente quede paralizada en dicho límite, ni tampoco que el periodo de trabajo que se preste tras la reforma no genere ya derechos indemnizatorios, sino que dichos trabajadores seguirán generando derechos indemnizatorios, sólo que con una base de cálculo de 33 días por año, hasta tanto no alcancen el límite final y máximo de las 42 mensualidades.
En aquel Comentario señalábamos que, más allá de la relevancia práctica que esa Sentencia supuso para las dos trabajadoras afectadas, que vieron elevarse de forma significativa las indemnizaciones que les correspondían, era necesario estar pendientes para saber si este criterio del Tribunal Supremo se consolidaba y se convertía en jurisprudencia o, por el contrario, era modificado en el futuro por el Tribunal Supremo.
Pues bien, ese futuro ya ha llegado, y con él la modificación de la posición del TS adoptada en 2014.
Nos referimos a dos Sentencias del Tribunal Supremo, dictadas en unificación de doctrina, y en las que el Alto Tribunal vuelve al punto de partida, dejando sin efecto la Sentencia mencionada de 2014, cuyo criterio incrementaba considerablemente las indemnizaciones por despido y, además, estaba siendo ya aplicado por los Juzgados de lo Social y por algunos Tribunales Superiores de Justicia.
En las resoluciones, de las que es Ponente el Excmo. Magistrado D. Antonio Sempere, se fija como criterio que cuando el trabajador ha generado el derecho a una indemnización superior a 720 días de salario, dicha indemnización por despido improcedente queda vinculada por ese límite, y sin que el periodo de tiempo que el trabajador siga trabajando con posterioridad a la reforma le genere más derechos indemnizatorios.
En cambio, señala el TS, si a la fecha de entrada en vigor de la reforma laboral, el trabajador no ha alcanzado los 720 días, sí se seguirán generando derechos de indemnización, en la cuantía de 33 días por año, hasta alcanzar ese límiite de 720 días.
Es más, la resolución señala expresamente que, como decíamos antes, la norma señala que “en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso”; y, por tanto, el periodo de tiempo que el trabajador siga trabajando con posterioridad a la reforma no le va a generar derecho indemnizatorio alguno.
